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El castigo de la coima
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La Aduana es un organismo fiscal del Estado muy particular no sólo por los intereses que el propio Estado le encomienda custodiar celosamente, sino por la renta aduanera que es a la vez una de las principales fuentes de las arcas fiscales de la Nación.
Será quizá por ello que desde siempre, y no siendo la excepción a ningún otro organismo similar de cualquier país del mundo, los agentes encargados de velar por intereses, se ven tentados a desviar parte de esos fondos a sus arcas privadas. No quita esto que hayan existido y existan agentes honestos, pero el antecedente de unos pocos ensucia y salpica a todos. Este tema no es nuevo, y ha perdurado a través del tiempo sin importar el gobierno de turno.
Se suponía que hace unos años, con la implementación progresiva del Sistema María, se acabarían las prevendas, porque "la máquina no pide comisión...". Pero, la práctica cotidiana se encargó de demostrarnos lo contrario y nos dimos cuenta que para funcionar una computadora necesitaba "aceitarse".
Este año hubo inspecciones periódicas en todas las delegaciones por parte de Policía Aduanera y principalmente de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación).
Suponemos que con muy buenas intenciones, estas acciones estaban dirigidas a erradicar o al menos limitar las deslealtades pero, lamentablemente, no se ven cambios en las conductas de algunos agentes.
No se trata sólo de las pasadas vergüenzas de la "Aduana paralela", la "mafia del oro" o de los reembolsos de la ley 19.640 por los galpones de Tierra del Fuego, sino del constante castigo económico al pequeño exportador que apenas puede con sus costos y sus magras cantidades exportables para recibir semejante castigo a la osadía de querer intentar la búsqueda del mercado externo.
El pequeño exportador trabaja sin malicia ni dobles intenciones y, si opera incorrectamente es por ignorancia o falta de experiencia. En consecuencia lo que debiera hacerse es capacitarlo, enseñarle y no castigarlo maliciosamente.
Desde luego que se podrán exigir pruebas de este comportamiento deshonesto o podrán alzarse voces pidiendo retractación. ¿Qué prueba puede presentarse ante la aceptación de un pedido subrepticio?, ¿quién se animaría a denunciar las irregularidades si el precio será tener que cambiar de jurisdicción si es que se piensa realizar otra operación?. O la búsqueda "ad infinitum" de errores. Convengamos que si el error es subsanable mediante el pago de un valor, tal error nunca existió.
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