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Falta continuidad y se frena la expansión forestal
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La Argentina cuenta, especialmente en su zona mesopotámica, con condiciones excepcionales para la forestación. Pinos, eucaliptos y álamos tienen un ritmo de crecimiento tal que llegan a la edad de corte en menos de la mitad del tiempo que demandan el abeto y el abedul en los países nórdicos de Europa, que de todos modos han desarrollado desde hace mucho tiempo una industria celulósico-papelera y maderera de gran importancia. También en otros países el crecimiento de los árboles es más lento que aquí. En un mundo con alta demanda de madera y sus productos, la Argentina debería ser un gran productor y exportador. Pero no lo es. Hay 1,1 millones de hectáreas forestadas, cuando deberían ser por lo menos el triple.
Al tratarse de una actividad de largo plazo de maduración compite mal con la agricultura y la ganadería tradicionales, que proporcionan beneficios en el corto plazo. Pero, además, si no se integra adecuadamente la cadena productiva, que comienza con la forestación y sigue con aserraderos, plantas de madera aglomerada, y fábricas de celulosa, papel y cartón, el forestador puede luego no contar con compradores de sus árboles. Esto sucedió en muchos casos; en otros, la presencia de compradores regionales monopólicos deprimió los precios al punto de desalentar la actividad forestadora. Es un tema complejo; por eso mismo se requiere una política forestal e industrial integral.
REGIMENES DE FOMENTO. En 1956 se implementó una desgravación de los montos invertidos en forestación. Esto fue luego complementado por créditos del Banco Nación, a bajas tasas, sin ajuste por inflación, de modo que ello devino en un regalo. En teoría el régimen debió haber llevado a una forestación muy amplia; pero en la práctica se forestó poco (menos de 20.000 hectáreas anuales), y por lo tanto se trató de una gigantesca defraudación al fisco.
Ese régimen fue derogado en 1978, y se lo reemplazó por un subsidio fijo por hectárea, diferenciado por zona y por especie, con preferencia para pequeños forestadores a los que la desgravación no había beneficiado, porque no tributaban el impuesto a las ganancias. Este régimen, de hondo sentido social, llevó a una duplicación de las superficies forestadas. Además, se introdujo la responsabilidad solidaria del profesional que presentaba el plan, a menos que denunciara incumplimientos. Todo esto funcionó razonablemente bien; pero pocos años después el Estado demoró mucho el pago de los subsidios, con lo cual la actividad forestadora decayó.
En 1998, una nueva ley forestal mantuvo este sistema y resolvió algunas cuestiones adicionales: implementó desgravaciones para inversiones en equipos, y estableció la estabilidad fiscal por 30 años (como en la minería), entre otras cuestiones. El resultado fue espectacular, con un aumento de la superficie forestada de menos de 40.000 hectáreas a más de 150.000, anuales.
INTEGRACION INDUSTRIAL. Al mismo tiempo se invirtió mucho en industria. En 1977 se había promovido la instalación de una planta de celulosa de fibra larga y otra de papel en el norte de Misiones, mediante diferimiento no indexado de impuestos. A pesar de este regalo (porque siguieron años de alta inflación), la planta de celulosa finalmente fue vendida a una empresa chilena. La planta de papel, a pesar del regalo, nunca se hizo. El caso no habla bien de los empresarios argentinos. Luego se instaló un moderno aserradero en Misiones y una planta de madera aglomerada en Concordia, esta última también de capitales chilenos. Y se puso en marcha en 1980 una planta de papel para diarios en San Pedro, que utiliza primordialmente madera del Delta.
Finalmente, otra empresa chilena acometió un proyecto integrado en Corrientes, para el cual ya forestó 70.000 hectáreas. Tenía previsto iniciar este año una planta de celulosa y papel, para empalmar la puesta en marcha con la maduración de sus plantaciones. Pero ahora tomó la decisión de postergar el comienzo hasta el 2007.
A partir de la devaluación de 2002 el Gobierno mostró un marcado desinterés por la forestación. Dejó de pagar los subsidios y no mantuvo el compromiso legal de estabilidad fiscal, al no incluir en el mismo el impuesto a la exportación (retención), implantando en el 2002, o sea con posterioridad a proyectos amparados por la ley.
La política forestal requiere continuidad e interés por el caso por parte de los sucesivos gobiernos y ministros de Economía. De lo contrario, si no se respeta la ley y se supedita la política forestal a necesidades fiscales, se da una señal negativa, que desalienta este esfuerzo de largo plazo. Es un error, ya que se trata de un rubro en el que tenemos competitividad internacional y en el que hay una alta demanda mundial.
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